Editorial Editorial
La
falta de viviendas en alquiler crea un grave problema social que afecta
especialmente al colectivo de personas mayores, inmigrantes y gente joven sin
posibilidad de adquirir una vivienda, dificultando además la necesaria
movilidad laboral, así como la posibilidad de realojar a las personas afectadas
por planes de remodelación urbanística.
Las
causas de la insuficiencia del parque son diversas: la transformación de la
propiedad vertical en horizontal por venta de los pisos a los propios
arrendatarios o a terceros, divisiones testamentarias y derivación de la
inversión hacia otro tipo de promociones y productos financieros, impulsado
históricamente por sucesivas leyes arrendatarias que impedían una racional
rentabilidad y la disponibilidad de los bienes inmuebles.
Las
actuaciones públicas no han contribuido con su política y prioridades a crear
suelo suficiente y promover este tipo de viviendas. La iniciativa privada, con
mínimos márgenes, tampoco ha demostrado demasiado interés, decantándose por la
opción de construir para la venta, lo que ha conducido a la situación actual,
imposibilitando atender la demanda creciente de viviendas en alquiler con
rentas moderadas.
El
objetivo prioritario de la actual Administración es impulsar la construcción de
viviendas de protección oficial ampliando las reservas de suelo en todos los
planes urbanísticos, posibilitando construir sobre suelo de equipamientos
dotaciones de viviendas para gente mayor o para jóvenes, estableciendo ayudas
sociales para las familias con mayores dificultades económicas y facilitando la
puesta en el mercado de las viviendas que, encontrándose permanentemente desocupadas,
sean susceptibles de incorporarse a la oferta de alquiler mediante ayudas para
la rehabilitación y subvención de las rentas.
Junto
a las medidas apuntadas no puede olvidarse la fiscalidad, especialmente de los
fondos de inversión inmobiliaria, los cuales junto con sociedades, fundaciones
y entidades financieras, serían los que en mayor medida podrían interesarse en
la propiedad y administración de viviendas de protección en alquiler.